Los pisos turísticos no son los culpables
Una de las principales obsesiones de la moda antiturista que, desde hace unos años, se ha extendido por España es el supuesto daño que para la sociedad española tiene la existencia de viviendas que sus dueños deciden alquilarlas por días sueltos en uso de su derecho de propiedad y de la libertad de empresa reconocida en la Constitución Española. Vaya por delante que los pisos turísticos han existido desde siempre en España. Hasta hace unos años el portero de la finca o un cartel colgado en una terraza suponía el modo de alquilar una vivienda en un edificio para pasar unos días de vacaciones, ya fuera en la montaña, en el campo o en la playa. Todo cambió con el nacimiento de internet y de páginas web dedicadas a poner en contacto a dueños de estos pisos y a posibles huéspedes a cambio de una pequeña comisión.
Consumo ordena a Airbnb bloquear 65.000 anuncios que considera «ilegales» tras una victoria judicial
La ofensiva del Ministerio de Consumo contra Airbnb se recrudece. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha logrado una victoria judicial que allana el camino para la eliminación de más de 60.000 anuncios de pisos turísticos que califica de «ilegales». Es el último capítulo de una guerra que empezó en junio del año pasado con un requerimiento de información y continuó en diciembre con un expediente sancionador, después de que la multinacional estadounidense no retirara de su plataforma esas viviendas que estarían publicitándose de forma ilegal.